El inminente cambio de Gobierno en Chile genera inquietud en quienes usan la marihuana con fines medicinales, una práctica en auge cuyo beneficio es puesto en duda por miembros del futuro Ejecutivo y que en la actualidad se encuentra en una situación legal ambigua.
La presidenta saliente, Michelle Bachelet, aprobó mediante decreto el "uso de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano".
Con base en ello, los chilenos pueden utilizar de facto la marihuana con fines medicinales y recreativos, pero no pueden comprar, vender o mover los frutos de la planta.
Fruto de esa contradicción, los chilenos que han adoptado el uso del cannabis con fines medicinales se encuentran en una encrucijada que deja a los "pacientes con dolores y patologías crónicas" en una situación de "inseguridad jurídica", según denuncian ONGs como Latinoamérica Reforma.
Una realidad que se puede tornar aún más complicada con la llegada del nuevo Gobierno del presidente electo, Sebastián Piñera, a partir del próximo 11 de marzo.
El político conservador considera que "no está probado que la marihuana tenga efectos medicinales", una posición similar a la expresada por el futuro ministro de Sanidad, Emilio Santelices.
Santelices se mostró crítico con la reciente proliferación de clubes cannábicos en Chile, ya que considera que se sirven de un "subterfugio" legal para vender marihuana de forma indiscriminada, razón por la cual emplazó al futuro Ejecutivo a tomar una posición clara respecto a esta cuestión.
Un grupo cada vez mayor de pacientes ve en la planta una oportunidad para dotarse de un método alternativo para paliar sus dolores crónicos, así como trastornos físicos y mentales, sustituyendo el uso de medicamentos tradicionales.
Entre ellos se encuentra Catalina, madre de dos hijos, quien padece fibromialgia, una enfermedad que le obliga a tomar numerosas pastillas que, a pesar de que le alivian los síntomas de su afección, le causan también daños colaterales en el organismo.
Por ello, según indicó a Efe, decidió acudir a Patricio Silva, médico cirujano especializado en medicina cannábica, quien le recomendó el uso de una cepa de marihuana con una alta concentración de cannabidiol (CBD), uno de los compuestos del la planta con mayor potencial terapéutico.
Para abastecerse, Catalina debe acudir a un club cannábico con una receta que acredite su condición de enferma, donde podrá retirar la cantidad establecida por el doctor.
Este proceso, amparado por la ley vigente, no la exime de enfrentarse ante la Justicia si es sorprendida en la calle portando marihuana, ya que su suerte está bajo los designios de la interpretación que hagan de la norma tanto los Carabineros (Policía militazada) como la propia Fiscalía.
El juez de la Corte Suprema Manuel Valderrama explicó a Efe que la jurisprudencia es clara y "en Chile está penado el uso, transporte y cultivo de la marihuana", aunque admitió que, como cualquier norma, "tiene sus excepciones".
Todo dependerá del trabajo que hagan carabineros y fiscales, los encargados de la investigación, quienes "deben estar capacitados para determinar si se está cometiendo un delito al consumir o portar marihuana" para lo cual deben acreditar que el acusado ha intentado "traficar con la sustancia", expresó Valderrama.
Uno de los clubes cannabicos radicado en Santiago, la Asociación de Usurarios de Plantas Medicinales Greenlife, ha promovido una lucha legal pionera en el país acudiendo a la propia Corte Suprema mediante un recurso de amparo para informar de "todos los detalles" de la actividad que prestan.
Como explican a Efe tanto su director, Enrique Cáceres, como su representante legal, Ignacio Espinoza, con ello pretenden mostrarse "transparentes" ante la Justicia y evitar el inicio de una investigación que acabe con alguno de los miembros de la asociación detenido y con la destrucción de todo su cultivo.
Actualmente Cáceres se encuentra a la espera de un juicio por poseer 400 plantas en su domicilio, después de que un vecino denunciara de manera anónima que la organización estaba incurriendo en el narcotráfico.
Tanto él como Espinoza se muestran confiados y dicen tener "esperanzas" en el proceso, el cual quieren llevar a término para demostrar que "no existe ningún delito" en su actividad, ya que la ley vigente "ampara el cultivo cannábico con fines medicinales".
Ambos consideran que el problema final no reside en la necesidad de cambiar la ley, ya que esta es suficientemente comprensiva con sus peticiones, y solo es necesario que "se revise el protocolo interno de actuación tanto de los Carabineros como de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía". EFE / RA
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