El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, un mito de la izquierda y favorito para las elecciones de octubre, debe decidir si se entrega a la justicia este viernes antes de las 17H00 (20H00 GMT) para empezar a cumplir una larga pena de prisión.
El juez anticorrupción Sergio Moro, de Curitiba, emitió la víspera una orden de detención contra Lula, concediéndole, "en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente" ante la Policía Federal de esa ciudad, hasta esa hora.
La orden fue emitida menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazara un recurso para que el expresidente (2003-2010) pudiera recurrir en libertad, ante las máximas instancias judiciales, la sentencia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El partido de los Trabajadores (PT), del exmandatario, convocó a una "movilización general" contra la detención de su líder y realizó una primera concentración el jueves por la noche en frente al Sindicato Metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial de Sao Paulo, donde el exsindicalista Lula empezó su carrera política.
Una protesta mayor se prevé para este viernes por la tarde, sin que nadie sepa si Lula estará en ese momento con lo suyos o preparándose a pasar su primera noche en la cárcel.
Lula estuvo 31 días detenido en 1980, cuando dirigía las grandes huelgas obreras contra la dictadura militar (1964-1985).
Entregarse o esperar
El senador Lindnbergh Farias, del PT, aseguró en el mitin de Sao Bernardo do Campo que Lula "dejó para mañana (viernes)" la decisión de entregarse.
"Está recibiendo a gente, pero la idea es que vaya a su casa, tome un baño, descanse un poco, se reponga un poco y vuelva mañana", agregó.
El legislador considera que Lula no debería entregarse. "Pienso sinceramente que son ellos [los policías] que deberían venir. Va a ser como en la época de la dictadura" (...), con un mar de gente enfrente, una vergüenza internacional, una prisión ilegal", prosiguió.
La manifestación congregó a unos 2.000 participantes, la mayoría vestidos con las camisetas rojas del PT y con carteles que decían "Não a prisão de Lula" (No a la prisión para Lula).
"Lula va a tener que resistir hasta el fin. No huirá. Y este pueblo no lo entregará. Vamos a cerrar la calle, permanecer en la puerta y tener que enfrentar a la policía. ¿Por qué no?", dijo a la AFP Adimir José da Silva, de 57 años, miembro del sindicato ferroviario ABC.
Otros manifestantes se mostraban más prudentes.
"Lula tendrá que resistir, pero en algún momento tendrá que entregarse. Los militantes aceptaremos cualquier decisión que él tome", afirmó Michelle Baza, una farmacéutica de 37 años, militante del PT.
Imputado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
¿Candidato entre rejas?
Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula hiciera precampaña desde la cárcel, ya que su postulación solo debería ser invalidada en agosto por la justicia electoral, que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como es su caso desde enero.
"La principal cuestión es saber lo que el fallo [del STF] significa para las elecciones. No está claro a dónde irán los votos de Lula. Pero vale la pena apuntar que Lula tendrá probablemente más dificultades en transferir sus votos a un candidato de izquierda desde la cárcel que si estuviera en actos de campaña", escribió la consultora Capital Economics en una nota de análisis.
Para los fiscales y jueces de Lava Jato -la operación que desde hace cuatro años viene revelando una gigantesca trama de sobornos en la que también están implicados el presidente Michel Temer y varios de sus aliados- la inminente encarcelación de Lula es un golpe ejemplar contra la corrupción.
Con el PT pudiendo verse forzado a cambiar de candidato a último momento, los comicios de octubre se prevén como los más inciertos desde la restauración de la democracia en 1985.
AFP / RA
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