El independentista catalán Carles Puigdemont pidió un "diálogo político" inmediato para poner fin al enfrentamiento con Madrid tras su salida este viernes bajo fianza de una cárcel alemana, a la espera de que los jueces decidan si lo extraditan a España.
"Ha llegado el momento del diálogo", declaró a la prensa al salir del centro de detención de Neumünster, en el norte de Alemania, donde estaba detenido desde hacía diez días, tras pagar la fianza de 75.000 euros (92.000 dólares) impuesta por la justicia.
"Hemos pedido diálogo durante años y obtenido como respuesta solamente violencia y represión", afirmó Puigdemont. "Las autoridades españolas no tienen ninguna excusa para no iniciar el diálogo con los líderes políticos catalanes", añadió.
Puigdemont, de 55 años, que debe permanecer en Alemania bajo control judicial mientras la justicia del país estudia un posible procedimiento de extradición hacia España, también exigió la "inmediata puesta en libertad" de los independentistas catalanes detenidos en España.
"Tener a presos políticos en la Unión Europea es una vergüenza", afirmó.
Nueve independentistas están actualmente en prisión preventiva en España, incluidos seis exmiembros del ejecutivo autonómico catalán y la expresidenta del parlamento catalán.
La justicia alemana decidió el jueves por la tarde dejar a Puigdemont en libertad bajo control judicial, al tiempo que rechazaba la principal acusación de Madrid en su contra: el cargo de "rebelión".
Ahora solo examina el segundo cargo presentado por Madrid, menos grave, de malversación de caudales públicos.
Duro revés
Esta decisión de la justicia alemana supuso un duro revés para las autoridades españolas, al desestimar la acusación clave en la orden de detención europea recientemente reactivada por Madrid.
Un juez español acusa a Puigdemont de "malversación de fondos" públicos por haber organizado un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017 prohibido por la justicia española, cuyo coste se calcula en 1,6 millones de euros. Pero, sobre todo, lo acusa de "rebelión", un cargo pasible con hasta 30 años de prisión.
Sin embargo, los magistrados alemanes consideraron que esta acusación no podía mantenerse en virtud del derecho alemán, pues eso implicaría que Puigdemont fuera directamente responsable de hechos de violencia.
"Ese no es el caso", fallaron, en consonancia con la postura de los simpatizantes del exjefe de gobierno catalán.
Con todo, el tribunal seguirá examinando la acusación de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum de independencia, para lo cual le solicitó a la justicia española más elementos.
Menos 'tensión'
"Es una noticia que rebaja la tensión y la presión en Cataluña, al nivel de la calle, momentáneamente, al descartar la posibilidad de que Puigdemont sea extraditado por rebelión, pese a que no se haya solucionado nada de fondo", declaró a la AFP el politólogo Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Si Alemania entrega a Puigdemont a España por malversación de fondos, se caerá la principal acusación de Madrid y, en virtud de la legislación europea, no podrá ser juzgado por rebelión en España.
Los delitos de "malversación" de fondos pueden ser castigados con entre cuatro y ocho años de prisión.
El expresidente catalán, destituido por el gobierno central español tras la fallida declaración de independencia de Cataluña, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania, cuando regresaba en coche de Finlandia a Bélgica, donde se instaló para escapar a la justicia española.
Con su marcha al extranjero, Puigdemont y otros seis líderes independentistas evitaron la justicia española e intentaron "internacionalizar" su causa al implicar a otros países europeos. AFP / RA
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