El presidente de Nicaragua Daniel Ortega aseguró este miércoles que continuará en su cargo pese a las violentas manifestaciones en su contra que afectan al país desde hace más de un mes y que dejan hasta el momento al menos 92 muertos.
"Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos (...) el dueño de Nicaragua somos todos los nicaragüenses independientemente del pensamiento político y religioso", dijo Ortega en un discurso ante miles de sus seguidores en Managua.
Tras el discurso de Ortega la violencia recrudeció en varios puntos del país, donde hubo enfrentamientos entre opositores, policías y grupos oficialistas que dejaron cinco muertos en la jornada, llevando el saldo de fallecidos a 92 personas desde que estallaron las protestas el 18 de abril, según cifras oficiales y de organismos de derechos humanos recopiladas por la AFP.
El mandatario reaccionó personalmente por primera vez a los pedidos de sectores políticos y sociales opositores que exigen su renuncia y un llamado a elecciones anticipadas para recortar su mandato, que vence en enero de 2022.
"Ni perdón ni olvido, justicia y castigo", coreaban manifestantes de oposición en Managua en alusión a la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Durante la movilización de simpatizantes sandinistas hacia Managua se produjeron enfrentamientos en Estelí, 137 km al norte de Managua, con saldo de dos muertos y 12 heridos, según el alcalde de esa localidad, Francisco Valenzuela y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En la capital se registraron 12 heridos en enfrentamientos y fueron atacadas las sedes de dos medios de comunicación de oposición, según informes policiales y de los opositores.
"Sujetos encapuchados atacaron con armas de fuego y morteros a familias que participaban" en un acto del gobierno en Managua "resultando dos muertos y 12 personas lesionadas, entre ellas cinco policías", dijo a la prensa el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
El CENIDH informó a su vez sobre la muerte de un manifestante opositor en el sector de la Universidad de Ingeniería (UNI), en la capital.
Ortega enfrenta una férrea oposición a la que se sumo este miércoles la empresa privada en Nicaragua, uno de los sectores que fue soporte de su gobierno desde que volvió al poder en enero del 2007.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) anunció que han suspendido todas las reuniones con el gobierno en "rechazo a la represión", en tanto el presidente del grupo económico más influyente del país, Carlos Pellas, se pronunció a favor de adelantar las elecciones.
Las protestas estallaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de pensiones que el gobierno aprobó sin consenso. La violenta represión a las manifestaciones generó que las protestas se intensificaran y se exigiera además la renuncia de Ortega.
El gobierno y opositores integrados en una Alianza Cívica acordaron el lunes restablecer un diálogo bajo los auspicios de los obispos para poner fin a la crisis. El Ejecutivo aceptó discutir una agenda que pide la salida de Ortega y elecciones anticipadas para este año.
La Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, no ha convocado aún a las partes para reunirse.
Expertos investigaran muertes
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria general de la OEA acordaron crear un grupo de expertos independientes para investigar la violencia en las protestas de Nicaragua, que contó con la anuencia del gobierno.
El grupo tendrá un mandato inicial de seis meses y estará conformado por cuatro expertos en la protección de los derechos humanos, que serán seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Al menos 92 muertos y más de 880 heridos han dejado hasta este miércoles las protestas en Nicaragua, que comenzaron el 18 de abril.
Por su lado una comisión nombrada por el parlamento para investigar la violencia ocurrida en las protestas, calcula que las movilizaciones habrían dejado 85 muertos y 997 lesionados, pero advirtió que aún se está en proceso de verificar los datos.
La policía reforzó la seguridad de sus instalaciones protegiéndolas con muros de piedras, que reemplazaron a las mallas que antes protegían el lugar.
El perímetro de seguridad de la residencia de Ortega, donde también despacha asuntos de Estado, fue ampliado en varias cuadras y reforzado con muros de piedra. Pobladores que viven cerca quedaron encerrados y su movilización sujeta a la autorización de agentes policiales. AFP / RA
from Informe21.com - Actualidad https://ift.tt/2J7tAzb
Comentarios: