El escándalo de los audios de jueces que sacude a Perú repercutirá en la economía al poner en evidencia la debilidad de sus instituciones, expresó este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva.
"Es difícil de calcular los costos del escándalo", dijo el ministro en un encuentro con corresponsales extranjeros, en el que subrayó que "la calidad de las instituciones afecta la seguridad jurídica del país".
"Uno de los factores que afecta la competitividad (de la economía peruana) tiene que ver con la calidad de nuestras instituciones, la seguridad jurídica y el imperio de la ley", reconoció Oliva.
No obstante, indicó que "el escándalo es una oportunidad para hacer cambios" en el sistema judicial del país, en entredicho tras la divulgación de conversaciones telefónicas de jueces en las que negocian sentencias o trafican influencias.
"Si queremos ser un país desarrollado, en algún momento teníamos que enfrentar los escándalos de corrupción y algunas ineficiencias que había en el Poder Judicial", dijo.
El ministro defendió la reforma judicial propuesta por el presidente Martín Vizcarra, como "primer paso para atacar estructuralmente este problema".
En respuesta al escándalo, Vizcarra lanzó una ambiciosa reforma judicial y anunció la realización de un referendo para legitimarla, aunque sin dar fecha para la consulta.
El escándalo estalló el 8 de julio tras la divulgación de conversaciones telefónicas grabadas por la policía por orden de la fiscalía en el marco de la investigación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Callao, el principal puerto de Perú, vecino a Lima.
Desde entonces renunciaron el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi. Además, fue destituido y detenido el presidente de la corte de apelaciones del Callao y dimitieron todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de nombrar jueces y fiscales.
El escándalo también salpicó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien ha rechazado renunciar tras divulgarse sus conversaciones con un cuestionado juez de la Corte Suprema, lo que sumió a la entidad deportiva en una crisis interna, con renuncias de varios directivos.
El nuevo fiscal general, Pedro Chávarry, también quedó bajo fuego de las críticas y un sector del Congreso exige su renuncia.
Una comisión del Congreso dio luz verde a una acusación constitucional contra Chávarry -quien asumió hace apenas dos semanas el cargo para el que había sido elegido en junio- por los delitos de patrocinio ilegal, cohecho y tráfico de influencias. AFP / RA
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