La tensión por la llegada de migrantes centroamericanos aumentó hoy cuando el alcalde de la ciudad mexicana de Tijuana y el gobernador del estado de Baja California advirtieron que habrá "cero tolerancia" para los visitantes que alteren el orden.
El alcalde Juan Manuel Gastélum, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), trató de justificar declaraciones suyas publicadas hoy por el diario Milenio en las que manifestó su rechazo a la presencia de los centroamericanos y su intención de hacerlos deportar.
"Queremos que se les aplique el 33 constitucional. Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera", dijo el funcionario al rotativo, aludiendo al precepto de la Constitución que prevé la expulsión de extranjeros.
Al respecto, dijo hoy que se refería solo a quienes violen las leyes y no a los que se conduzcan con orden, y que llamó "mariguanos" solo a los que fumaban esta droga y no a todos los migrantes. "Somos antimariguanos, como somos antiborrachos", dijo.
En su entrevista, el funcionario también declaró que "los derechos humanos son para los humanos derechos", y dijo que realizará una consulta ciudadana para decidir si siguen recibiendo a los migrantes y qué hacer con quienes ya están en la ciudad.
Sobre este punto anunció que se está elaborando la pregunta que se hará a los tijuanenses para que "nos manifestemos", si bien no precisó cuándo se realizaría.
También indicó que la consulta podría llevarse a cabo si el Gobierno federal envía los recursos para atender a los centroamericanos, para lo que el Ejecutivo estatal ha solicitado 80 millones de pesos (cuatro millones de dólares).
Afirmó que Tijuana está viviendo una problemática provocada por el Gobierno federal, que "de manera indolente permitió la entrada de numerosas personas, sin cubrir requisitos", en referencia al ingreso "sin ningún orden" de miles de migrantes el pasado 19 de octubre desde Guatemala.
Cuestionó por qué los centroamericanos decidieron venir a Tijuana cuando se sabe que por aquí es muy difícil cruzar hacia Estados Unidos y existen otras fronteras que quedan más cerca del centro del país, donde han convergido los migrantes antes de continuar su marcha hacia el norte.
"Alguien debe estar disfrutando al hacer esta maldad", dijo, argumentando que el Gobierno federal sabía de antemano de la problemática que se está generando, lo que a su juicio expone una conducta "dolosa y aviesa" que los tijuanenses no habrán de tolerar.
Pero no hubo respuesta de su parte, ni tampoco del secretario municipal de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, sobre la trifulca suscitada la madrugada del jueves cuando un grupo de residentes llegó a un campamento de migrantes en la zona de Playas de Tijuana para increpar a los centroamericanos y exigir su salida.
Un empleado municipal cortó al reportero que hizo una pregunta al respecto diciendo "Al terminar el secretario atenderá tu inquietud", lo cual no ocurrió.
En tanto, distintas organizaciones anunciaron en redes sociales la celebración de dos marchas el próximo domingo, una en favor de los migrantes y contra la discriminación y el racismo, y otra de quienes están en contra de la llegada de los centroamericanos y de su estancia.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó de la gravedad de discursos de odio, descalificaciones y criminalización hacia grupos vulnerable, entre los que mencionó a las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado.
La Secretaría de Gobernación federal informó en un boletín que se ha instalado en Tijuana una mesa de trabajo formada por autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para la atención de los flujos migratorios.
En el encuentro, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, del PAN, ratificó que es fundamental el apoyo de las autoridades federales con recursos y programas para hacer frente al arribo extraordinario de los centroamericanos a Tijuana.
"Debemos principalmente garantizar el orden, pues vemos a una ciudadanía preocupada, por lo que es muy importante enviar el mensaje de que habrá cero tolerancia para quien o quienes infrinjan las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país", expuso.
En caso de que así suceda, añadió, "estas personas serán puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, para su inmediata repatriación".
En Tijuana se están concentrando los integrantes de las distintas caravanas que recorren México desde mediados de octubre, procedentes fundamentalmente de Honduras y El Salvador, cuyo número ha sido calculado en unas 9.000 personas. EFE
EA
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