El Parlamento italiano aprobó hoy el paquete de ayudas impulsado por el Gobierno del país que, entre otras cosas, moviliza 300 millones de euros para asistir a los desalojados tras el derrumbe en agosto de un puente en Génova (noroeste), que causó 43 muertos.
"El 'decreto Génova' es ley. Recursos y ayudas concretas para las familias que han perdido la casa, apoyo a empresas y a ciudadanos. Prometí que nunca abandonaría a la ciudad. El Gobierno está a vuestro lado, Génova se levanta", escribió el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en las redes sociales.
El Ejecutivo diseñó este decreto para afrontar la situación tras el derrumbe de un tramo del puente genovés Morandi y hoy el Parlamento lo convirtió en ley.
El Senado dio luz verde al texto por 167 votos a favor, 49 en contra y 53 abstenciones, después de que el pasado 1 de noviembre fuera aprobado en la Cámara de los Diputados.
El ministro italiano de Transportes, Danilo Toninelli, señaló que esta ley "moviliza 300 millones de euros" para ayudar a las familias que tuvieron que abandonar sus casas, construidas bajo este viaducto.
El texto contempla además medidas de apoyo a los afectados, acciones dirigidas a lograr la recuperación económica de Génova y disposiciones para garantizar la seguridad de infraestructuras en todo el país.
Igualmente, incorpora un apartado dedicado a los territorios afectados en los últimos años por los terremotos y estrategias para afrontar futuras emergencias similares.
El texto ha salido adelante con los votos del M5S y de la Liga, socios en el Gobierno, mientras que el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y Libres e Iguales (izquierda) han votado en contra y el conservador Forza Italia, del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, se ha abstenido.
Este puente se vino abajo el pasado 14 de agosto. Hubo 43 víctimas mortales y 400 personas tuvieron que abandonar sus hogares, porque habían sido construidos en zonas adyacentes y corrían peligro de hundirse.
La concesionaria Autostrade per l'Italia, filial de Atlantia, era la encargada de gestionar y mantener el puente, y el Gobierno italiano la acusó de ser la responsable del suceso porque consideró que no había realizado los controles pertinentes.
Se abrieron entonces dos investigaciones, una por parte del Gobierno y otra de la Fiscalía de Génova, para clarificar las causas del siniestro y actualmente varios directivos de Autostrade están siendo investigados por la Fiscalía de Génova en relación a este suceso.
El Ejecutivo italiano, formado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, nombró en octubre al alcalde de Génova, Marco Bucci, responsable de supervisar las labores de reconstrucción de este puente.
Bucci dijo recientemente que confía en que la demolición comience antes de Navidad, si bien el Gobierno italiano aún debe determinar qué empresa será la responsable de tirar abajo lo que queda del puente y de reconstruirlo.
El Ejecutivo ya ha declarado en diversas ocasiones que no quiere confiar esta labor a Autostrade y el líder del M5S y vicepresidente del Gobierno de Italia, Luigi Di Maio, ha opinado que esta obra debería hacerla una empresa pública como Fincantieri.
EFE / RA
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