La desconfianza y el recelo continúan cercando los comicios celebrados en Guatemala el 16 de junio, aunque los resultados preliminares han sido validados por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha vuelto a reiterar su rechazo a las denuncias "infundadas" de fraude.
El allanamiento efectuado hoy en el área de informática del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala por presuntas irregularidades en el proceso aumenta la incertidumbre sobre los resultados, de los que aún no hay datos oficiales diez días después.
El titular de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, explicó que el allanamiento forma parte de una "investigación de oficio" y que el objetivo es establecer si hubo un "error humano" o "tecnológico" en la transmisión de los datos.
Desde la celebración de los comicios generales, varios partidos políticos y candidatos han denunciado anomalías e irregularidades en el proceso, una situación que se ha secundado con protestas y bloqueos en las calles que han obligado al ente electoral a realizar un nuevo recuento de todas las actas que, sin embargo, no será vinculante al resultado oficial.
Este recuento aún no ha comenzado y este miércoles se ha suspendido por segunda vez debido a los operativos, que según el fiscal sirvieron para hacer un backup (copia de seguridad) del sistema informático del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en la zona 12 de la capital.
"Se ha determinado que al parecer cuando se digitalizaron las actas, al momento que se escanearon, pudieron haber cambiado resultados", añadió, y reiteró que la investigación es de "oficio" porque hasta ahora el Tribunal Electoral no ha presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Público, como había anunciado.
En la transmisión de los datos de los comicios celebrados el 16 de junio, el propio director de Informática del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Castillo, admitió errores, aunque aseguró que "no hay nada que se esté ocultando" y que "no hubo alteración sistemática de actas o de resultados".
Este trabajo realizado por el ente electoral de Guatemala fue respaldado por la misión de la OEA, quien lamentó "el clima de confusión" que se ha generado después de los comicios pero que reiteró que los problemas "no alteran la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas".
En este sentido, insistió en que los resultados preliminares de las elecciones presidenciales divulgados por el Tribunal Supremo Electoral "coinciden con la información recopilada por la Misión y con los datos entregados por Mirador Electoral", una plataforma que aglutina a varias organizaciones locales y que hoy ha llamado a la calma y la prudencia.
En los resultados preliminares, que aún no han sido ratificados, la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, del partido de centroderecha Vamos, figuran en primer y segundo lugar, respectivamente.
Sobre los allanamientos también se pronunció el presidente del país, Jimmy Morales, quien reiteró que el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene "la responsabilidad electoral" de dar a conocer los resultados y la Fiscalía tendrá que realizar los procesos que considere apropiados.
"Cada institución debe hacer su trabajo y el pueblo debe estar vigilante y observando para que se puedan obtener los resultados que todos esperamos", sostuvo Morales, quien recordó que desde el Gobierno ya habían advertido de la necesidad de cuidar el "sistema democrático" y por ello han sido "garantes de la paz, la democracia y la libertad".
También la poderosa cúpula empresarial, organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, habló sobre el operativo y destacó la importancia de que el mismo no influya en el recuento de actas de las Juntas Receptoras de Voto, pues en ellas destaca "la credibilidad del proceso" y la voluntad ciudadana.
Pero la Fiscalía no solo está evaluando el aspecto electoral sino que también anunció que ha abierto una investigación de oficio para detectar si hubo alguna irregularidad en el proceso de compras y adquisiciones realizado este año por el Tribunal Supremo Electoral, incluido el sistema informático.
Ante estas actuaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, quien dijo que este miércoles el Ministerio Público ha tomado control de la situación, pidió prudencia a la población y agregó que las acciones no van a obstaculizar las revisiones programadas por el Tribunal Supremo Electoral. EFE
RA
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