Familias evangélicas obligadas a elegir entre tener agua o renunciar a su fe en México
Familias evangélicas fueron obligadas a firmar acuerdos ilegales, renunciando a su derecho a realizar servicios religiosos, para que se les restablezca el acceso al agua y a otros servicios básicos.
Dos familias evangélicas de la aldea La Mesa Limantitla, en la región Huasteca, estado de Hidalgo, no tuvieron otra opción que firmar este acuerdo que recortaba su derecho a su libertad religiosa, pero les facilitaba el acceso a los servicios esenciales.
A pesar del acuerdo firmado, recientemente fueron informadas en una reunión comunitaria, de que corren el riesgo de perder el acceso al agua nuevamente, si no pagan el resto de una multa que se impuso como parte del acuerdo.
Estas dos familias evangélicas, señalan que se negaron a firmar un documento similar renunciando a su fe en enero del año pasado, mientras que otras ocho familias de la misma aldea se vieron obligadas a hacerlo. Como resultado de su negativa, las dos familias perdieron el acceso al agua, alcantarillado, programas de beneficios del Gobierno y el molino comunitario, cortado durante más de un año hasta que firmaron un acuerdo el 15 de enero de 2020.
En ese momento, las autoridades locales pagaron parte de una multa exorbitante que formaba parte del acuerdo. Sin embargo, luego de varias reuniones de seguimiento, se informó a las familias que podrían ser nuevamente excluidas de los servicios esenciales, ya que no podrían pagar el resto de la multa.
A principios de este mes, los líderes comunitarios en el pueblo de Cuamontax Huazalingo cosecharon tierras pertenecientes a Gilberto Badillo sin su permiso.
Gilberto Badillo fue uno de los cuatro cristianos protestantes desplazados por la fuerza de su aldea de Cuamontax Huazalingo, en la región de la Huasteca, el 28 de julio de 2019, cuando se negaron a firmar un acuerdo que prohibía la entrada de protestantes a la aldea.
Uriel Badillo, hijo de Gilberto Badillo, dijo a CSW (Christian Solidarity Worldwide) que los líderes comunitarios cosecharon la tierra de su padre, ignorando sus derechos de propiedad, en un intento de apropiarse de la tierra que le pertenecía.
Hasta ahora, las familias no han podido regresar a sus hogares debido a que continúan las amenazas de los líderes comunitarios. A pesar de las apelaciones y denuncias presentadas ante la Oficina Regional de Derechos Humanos, las autoridades municipales, la Oficina Federal de Asuntos Religiosos y el Gobernador de Hidalgo, no hubo acciones de seguimiento.
Los acuerdos ilegales como los firmados por protestantes en la aldea de La Mesa Limantitla se utilizan a menudo en lugar de los mecanismos de justicia apropiados cuando se viola la ley y se violan los derechos de las minorías religiosas. En su mayor parte, estos acuerdos no dan lugar a resultados justos y a menudo invitan a nuevas restricciones a la libertad de religión o creencias (FoRB).
El grupo de campaña de la CSW dice que las violaciones de la libertad religiosa, como la negación del acceso al agua y la electricidad, impedir que los niños de las minorías religiosas asistan a la escuela, la detención arbitraria y el desplazamiento forzado, son comunes en la región de la Huasteca de Hidalgo, donde hay una gran población indígena.
La ley mexicana otorga a las comunidades indígenas el derecho a proteger su cultura y mantener las estructuras tradicionales de gobierno, siempre que se respeten los derechos humanos, incluida la libertad de religión. Sin embargo, la falta de comprensión e inacción del gobierno conduce a una alta tasa de violaciones de derechos.
El presidente ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas, dijo: “Estamos profundamente preocupados por la inacción del gobierno en la región de la Huasteca y las persistentes violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias. Hacemos un llamado al Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que se ocupe sin demora de las injusticias contra estas familias y asegure que los empleados de su administración respeten el estado de derecho ”.
"También pedimos a los gobiernos federal y estatal de México que defiendan el derecho a la libertad de religión o creencias y garanticen resultados justos para todas las comunidades religiosas minoritarias que sufren violaciones debido a sus creencias religiosas", concluyó.
De Noticias Cristianas del Acontecer Cristiano
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