Durante un despliegue en el territorio nacional ordenado por la superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Eneida Laya, se aplicaron multas a 31 clínicas privadas por la negativa a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
Las multas por las infracciones cometidas a la LOPJ son de 20 % de los ingresos netos anuales de estos centros de salud privados, como lo establece este instrumento legal que sostiene las normas para que los sectores económicos funcionen adecuadamente, con márgenes de ganancias sustentables y lo que a su vez le permita a la población, en caso de que deseen atención de salud privada, acceder a estos servicios.
Los 31 centros de salud privados incurrieron en la violación de los Artículo 38 numeral 1; Artículo 46; numérales 3 y 11; Artículo 47; numérales 2 ,3, 4,11, 49 y 56 de la LOPJ.
En ese sentido, el viceministro de Comercio Nacional, Daniel Gómez, resaltó, que la intención de la Sundde es generar respeto más no miedo.
«Queremos que la Sundde sea una institución que se haga respetar por los agentes económicos, no hay que tenerle miedo. Se están multando estas clínicas por no entregar la información pertinente y nos vamos hacer respetar», afirmó.
Por su parte, el intendente de Fiscalización, Elio Córdova, calificó como inaceptable que estos prestadores de servicio de salud privada lleven a cabo prácticas especulativas y condicionantes a los usuarios y usuarias.
“Creemos en el diálogo franco y honesto para la construcción colectiva del país que necesitamos y queremos los venezolanos, para ello, sincerar los mecanismos de atención y prestación en materia de bienes y servicios es fundamental», puntualizó Córdova.
Las medidas serán presentadas ante el Ministerio Público (MP) para que sean procesadas, bajo la presunta comisión de los de delitos de especulación, condicionamiento y/o usura.
Estas actuaciones ejecutadas desde la Dirección de Multas de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), tienen como finalidad garantizar el debido proceso de cada infracción que sea ejecutada por el ente, de tal forma, que cada empresa tendrá lapsos establecidos para la cancelación del monto indicado en la infracción, sin que haya paralización en su funcionamiento.
«Como parte del brazo operativo del Estado, esta Institución está comprometida con el pueblo venezolano y obligada a no ceder ni un milímetro ante las arbitrariedades o atropellos que vayan en desmedro de la calidad de vida», concluyó Córdova.
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