La organización ambientalista SOS Orinoco denunció el nocivo plan de Maduro que, a través del reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de grupos guerrilleros, promueve el enfrentamiento bélico entre comunidades que anteriormente convivían en paz.
De acuerdo con lo expuesto por la organización, como consecuencia de la intervención de fuerzas externas, las etnias Piaroa/Uwottuja están envueltas en una lucha por el control de las minas de oro.
Los enfrentamientos están ocurriendo en un sector conocido alrededor del río Guayapo. Esa zona se encuentra fuera de la jurisdicción del llamado Arco Minero del Orinoco y se trata de una región protegida en donde la actividad de extracción de minerales está prohibida.
En la zona se denuncia la presencia de 13 máquinas que serán empleadas para las actividades mineras.
Igualmente, se señala que las comunidades indígenas se encuentran divididas en torno al tema de la minería que genera un impacto ambiental virtualmente irreparable y de un alcance indeterminado.
SOS Orinoco ha denunciado que la política establecida por el chavismo respecto a la explotación del oro ha impulsado la proliferación de asentamientos mineros ilegales en todo el sur del país en regiones que sobrepasan los límites del Arco Minero.
El tráfico ilegal del oro es una de las fuentes de ingresos más confiables con las que cuenta el régimen de Caracas, luego de que la industria petrolera sucumbió a dos décadas de corrupción y mala administración.
La división es alentada por facciones de grupos narcoguerrilleros provenientes de Colombia, que reclutan de la población indígena a soldados para engrosar sus propias filas.
Las denuncias sobre la participación de la guerrilla colombiana, en particular del Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido ampliamente difundidas. El grupo terrorista tienen el control de gran parte de la actividad del Arco Minero.
Una vez que se inician las actividades mineras, de acuerdo con denuncias contenidas en informes de las Naciones Unidas, el daño ambiental hace que sea imposible para las comunidades autóctonas mantener sus estilos de vida tradicionales, generalmente dependientes de actividades como la pesca.
En consecuencia, más comunidades indígenas se ven forzadas a recurrir a la práctica de la minería ilegal. Al formar parte de esa actividad quedan bajo el mando de los grupos armados que ejercen el control de la actividad con la autorización de la dictadura chavista.
Comentarios: