La tarifa semanal que cancelan a la policía oscila entre 5 y 25 dólares, dependiendo de la ubicación y actividad económica de los comercios. Según la data de la Cámara de Comercio de Valencia, en lo que va de pandemia 25 % de los comercios han cerrado sus establecimientos.
Valencia-. “Bajen la santamaría, que va pasar una comisión de supervisión”, pedía una funcionaria de la Policía de Valencia a los comerciantes del casco central de la capital carabobeña durante esta semana radical para prevenir la propagación de la COVID-19.
Los comerciantes de sectores no priorizados mantienen su actividad con las puertas medio abiertas, para poder surfear la ola de la crisis económica. El método que emplean es designar a un trabajador para que esté afuera de sus establecimientos e informe que sí están trabajando, luego como por arte de magia se abren las santamarías.
Desde ropa, calzados, estéticas se acoplan a la nueva normalidad que se impone: el cobro de “vacuna” para trabajar.
Una comerciante, que decidió resguardar su identidad por seguridad, aseguró que funcionarios de la Policía de Valencia cobran a los establecimientos que se encuentran dentro de centros comerciales 5 dólares a la semana, mientras que los que se ubican a pie de calle deben aportar entre 25 y 30 dólares, dependiendo de su actividad económica.
El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, advirtió a través de redes sociales el pasado 22 de marzo que solo los comercios de sectores priorizados serían los únicos que podían abrir durante las semanas de cuarentena radical, y aseguró que los cuerpos policiales debían velar por el cumplimiento de la norma.
“Si yo veo o me entero que hay alguien que se la está pasando de vivo, va a recibir todo el peso de la ley, guerra avisada no mata soldado. Si ese alguien de esos negocios o comercios son amigos míos, la multa es doble”, dijo el gobernador.
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