El arbitraje internacional ordena a Venezuela compensar con 1.400 millones de euros a una compañía agrícola fundada por un empresario español
Cuando Hugo Chávez se hizo con Agroisleña —una compañía de capitales y dueños españoles con 50 años de historia en Venezuela— ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ningún procedimiento legal.
Extensos hatos, miles de hectáreas de tierras, empresas de todo tipo, edificios. Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV.
“Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”
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