Esta situación afecta a por lo menos 2500 habitantes de 6 comunidades indígenas del municipio Sifontes del estado Bolívar. Los pequeños mineros que desarrollan esta actividad acceden a los ríos a través de la población criolla de El Dorado.
Si bien la minería ilegal data desde hace mucho tiempo, la afectación ha aumentado gradualmente llegando a zonas que antes no habían sido intervenidos, donde se pueden observar incontables campamentos a lo largo de estos ríos.
La contaminación del lecho de los ríos se da de manera directa e indirecta, primero a través de plataformas flotantes, conocidas como balsas, misiles o dragas; segundo, desde los llamados cortes, colocados a cielo abierto, con intervenciones que destruyen irreversiblemente vegetación y suelo. En ambas formas la arena y tierra son colocados directamente a las aguas.
El río Cuyuní, el más afectado, ha cambiado la calidad y el color de su agua, adoptando un color turbio rojizo producido por lodo de barro. Los grandes equipos, llamados dragas, pertenecen en su mayoría a mineros de origen guyanés y brasileño.
Además de que la actividad minera se realiza con la anuencia del gobierno, a través del ya conocido proyecto Arco Minero Orinoco, se suma la también conocida presencia de grupos armados que operan en la zona y ejercen control en los campamentos mineros y en tierras indígenas sin que el aparato estatal haga nada al respecto.
Si no se controla la actividad minera tal como se lleva a cabo, en poco tiempo la navegación por estos ríos no podrá realizarse debido que las grandes masas de arena expulsadas directamente a los ríos, habrán cambiado y obstaculizado el curso normal de las corrientes de agua, lo cual no permitiría la movilización de las comunidades indígenas que usan estos ríos, tanto para actividades de pesca y caza, como para trasladarse a los centros rurales a abastecerse de alimentos e insumos, como lo indica un motorista que tiene más de 30 años transportando pasajeros y cargas en esos ríos.
En este caso específico, la expansión de esta actividad está afectando a pueblos y comunidades indígenas kariña, akawaio y pemón que viven en las riberas de los ríos Chicanan y Cuyuní, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
(Nota de Prensa Kapé Kapé)
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