El trabajo presentado por Andrés Antillano el pasado 25 de febrero en el seminario «Entradas y salidas a la violencia. Investigación, políticas de representación e intervención», organizado por la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Red de Activismo e Investigación por la convivencia (REACIN). Esta tercera sesión del seminario reunió a Verónica Zubillaga y Andrés Antillano para presentar avances e hipótesis sobre sus investigaciones sobre órdenes territoriales armados y gobernanzas locales en Caracas.
A propósito de la noticia de hace más de un mes sobre la muerte de El Koki, el mediático integrante de la banda de La Cota 905, nos interesa reseñar el análisis de Antillano en este seminario sobre los factores asociados a los mercados ilegales y la violencia criminal, a partir del estudio de un conjunto de casos específicos en Venezuela reciente.
La caída de El Koki en un intenso operativo de seguridad en Tejerías generó una avalancha inmediata de noticias sobre detalles del hecho, de la vida de El Koki, de su banda. También llegó a ser tema de voceros políticos. Por un lado, declaraciones oficiales del gobierno sobre sus relaciones con planes conspirativos internacionales. Y del otro lado, la oposición con opiniones y declaraciones sobre la ineficacia del gobierno para controlar la problemática e incluso sobre complicidad y pactos con la banda.
Pero, ¿qué hay detrás de la mítica imagen de El Koki en los medios y las teorías conspiradoras de los actores políticos? Antillano reconoce factores comunes en La Cota 905 y en las minas de Bolívar.
Rasgos de contextualización
La Cota 905 se trata de un reciente cordón de pobreza urbana que, a diferencia de otros barrios de Caracas que datan de principios o mitad del siglo XX, fue el albergue de la migración interna durante estas dos últimas décadas, por lo tanto más precaria y con menos acumulación de capital económico y social que el resto de las barriadas de la ciudad. Esta población experimentó el boom de la inversión social y el consumo al inicio de la primera década del siglo XXI y su caída en los últimos años.
En este territorio, la intervención estatal a través operativos policiales caracterizados por muertos en enfrentamientos y encarcelamiento masivo, redujo la competencia entre los grupos delictivos y abonó la centralización y ordenamiento de dichos grupos. Aquí la economía gira alrededor de las drogas, el secuestro.
El caso de las minas en el sur del país, Antillano lo vincula al auge y quiebre de las empresas básicas y la inversión en construcción que ha dejado a contingente de trabajadores sin empleo. En los últimos años estos se han desplazado de los centros urbanos como Ciudad Bolívar y San Félix, para trabajar en la pequeña minera artesanal en búsqueda de ingresos para sobrevivir.
Pese a las difíciles y explotadoras condiciones de las minas, éstas son casi la única posibilidad de ingresos en la zona. La intervención estatal en este territorio ha transformado las relaciones de producción al industrializar el procesamiento secundario de la extracción de oro, generando mayores recursos económicos a los grupos que controlan esa etapa, y manteniendo la minería artesanal en condiciones precarias. Este tipo de economía requiere del control de las poblaciones que ejercen la minería artesanal, de los medios de procesamiento de las colas de oro y las relaciones con la industria estatal del oro en el territorio.
Con información de ph9.com.ve
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