La Troncal 10 es una vía clave para el estado, pues no solo conecta Brasil con el centro oriente de Venezuela, sino que es la principal ruta comercial en la que se traslada material aurífero, productos alimenticios y demás mercancía desde y hacia el sur de Bolívar.
Los afectados han denunciado a la prensa que, especialmente después de las seis de la tarde, lo antisociales ponen piezas de metal con púas en la carretera para obligar a los vehículos a detenerse, y luego, proceder a robarlos. Identifican el tramo Upata-Guasipati como uno de los más peligrosos, y donde, irónicamente, están la mayoría (9) de las alcabalas custodiadas por la Policía del Estado Bolívar (PEB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esos mismos usuarios de la carretera han exigido al Gobierno Nacional la instalación de un patrullaje continuo en las más de 10 alcabalas apostadas.
El 22 de mayo, -según reportaron testigos a la prensa local- un grupo de al menos 20 encapuchados atracaron un camión cargado de arena aurífera perteneciente a una alianza minera de la Corporación Venezolana de Minería (CVM). El asalto ocurrió en el tramo entre El Callao y Tumeremo, y dejó como saldo a un militar muerto, y otro herido.
Cuatro días después, funcionarios de la GNB ejecutaron extrajudicialmente a un hombre apodado «el Electrodo», tras sostener con él un presunto enfrentamiento armado. De acuerdo con el parte oficial, el hombre se dedicaba al robo en el tramo «Villa Lola» de la Troncal 10, en el municipio Padre Pedro Chien. A la delincuencia se le suma el mal estado de las vías que han sido causa de numerosos accidentes, algunos con víctimas fatales.
Para el OVV Bolívar, la situación se ha denunciado constantemente la omisión en la tutela y garantía de los derechos de los habitantes del estado, así como la preocupación por la afectación colateral que la negligencia de los organismos gubernamentales significa para las víctimas directas e indirectas.
«La situación de violencia en Bolívar, así como la imperante necesidad de adopción de medidas mitigatorias, es innegable. En ese sentido, nuevamente exhortamos al Estado para que impulse acciones de cese, control y restitución de la legalidad y justa convivencia social», señaló finalmente el equipo.
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