La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía publicó su último informe sobre la desaparición de personas en el contexto de minería de la entidad bolivarense
En su último informe sobre el monitoreo de personas desaparecidas en el Arco Minero del Orinoco, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) exhortó al Estado Venezolano a diseñar un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas en contextos violentos, basado en estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
En un período de ocho meses, entre septiembre de 2021 y abril de 2022, la organización defensora de derechos humanos registró 37 reportes de personas desaparecidas en siete municipios mineros del estado Bolívar.
Sifontes (Tumeremo) fue el municipio que más casos registró, con 17 personas desaparecidas en esos ocho meses. Le siguen: Sucre (3), El Callao (3), Gran Sabana (2) y Piar (1); el informe alerta que se desconoce la ubicación de al menos nueve personas del registro.
Del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y solo dos aparecieron sin vida. El informe de Codehciu explica que "65% de las personas desaparecidas son hombres entre 20 y 58 años de edad (...) 35% de las personas desaparecidas son mujeres entre 18 y 55 años"; aunque se desconoce la edad de otras 15 personas.
Al menos cinco personas fueron reportadas como desaparecidas en lo que va de 2022; otras 12 desaparecieron en 2021 y otra docena en 2020. Por otro lado, dos personas desaparecieron en 2019 y otra en 2017.
Según lo observado por la organización, uno de los patrones identificados fue la carencia de comunicación debido a la falta de acceso a señal telefónica en las zonas mineras. Las personas reportadas como desaparecidas, antes de desaparecer, no podían llamar a sus familiares por un periodo prolongado. "En el territorio en el que están no tenían acceso a señal telefónica o internet con frecuencia, y se movilizan a otros campamentos mineros o municipios sin notificar a familiares".
El informe alerta que al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Asimismo, el informe alerta que los familiares "han reportado a Codehciu que algunos funcionarios les confesaron extraoficialmente que no tienen suficiente personal, vehículos y demás recursos para la búsqueda en vida de las personas, y para defenderse en territorio violento".
De la cifra total, la mayoría de las personas desaparecidas provienen del estado Bolívar, que contabilizó 11. Otros son provenientes de Anzoátegui (2), Apure (2), Sucre (1), Yaracuy (1), Monagas (1) y Maracaibo (1). Pero la organización desconoce el lugar de procedencia del resto de las personas monitoreadas.
Codehciu exhorta al Estado venezolano a pronunciarse oficialmente sobre estas desapariciones relacionadas con el Arco Minero del Orinoco (AMO), y que reconozca su responsabilidad. De igual forma, el mismo debe diseñar un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en contextos violentos, garantizar la no repetición de estos actos y proteger la dignidad de los familiares.
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