Moya es egresada de la Universidad Católica de Guayana, sus inicios laborales fueron como defensora de niñas, niños y adolescentes en una defensoría comunitaria que le permitió acercarse a los temas sociales. “El Arco Minero cambió las dinámicas sociales del estado Bolívar y eso nos llevó a volcar la mirada hacia allá”.
En el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela dado a conocer recientemente el trabajo del CDH-UCAB fue mencionado 29 veces. ¿Desde cuándo enfocan sus investigaciones al Arco Minero del Orinoco?
Estamos desde 2018 en Guayana, en vista de que la Universidad tiene una sede desde hace más de 20 años en Puerto Ordaz y a las características socioeconómicas que se comenzaron a evidenciar a raíz de la actividad minera decidimos establecer una línea de investigación sobre esclavitud moderna con especial énfasis en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Entonces, a raíz de la investigación de cómo se estaban suscitando estas formas de esclavitud, cuáles eran las dinámicas bajo las que ocurrían, etcétera, se realizaron estos hallazgos.
¿Es la primera vez que el CDH-UCAB tiene oportunidad de enviar información a una instancia internacional?
El Centro ha colaborado con los exámenes periódicos universales de ONU y con solicitudes de audiencias ante algunas instancias internacionales para manifestar la preocupación por algunas situaciones que ocurren en el país. Sin embargo, es hasta ahora que salen de una manera tan marcada nuestros hallazgos.
¿Cuáles son los hallazgos de las investigaciones que más impacto han causado?
Tenemos cinco informes hasta la fecha que documentan la situación, principalmente hemos podido comprobar que existen formas de esclavitud moderna que son perceptibles y con condiciones agravadas. Precisar cuáles son las víctimas, que las mujeres y niñas, niños y adolescentes se ven especialmente vulnerados y no necesariamente en entornos lejanos, sino que son situaciones que afectan al vecino, al familiar, al amigo, al colega; eso lo lleva a uno a replantearse la situación de los derechos en general.
A algunas personas les sorprendió que la Misión dedicara parte de su reciente informe al Arco Minero del Orinoco aunque desde hace años se han denunciado las diversas irregularidades que allí ocurren. ¿Cómo estas situaciones constituyen violaciones a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad?
Lo que sucede es durante muchos años el tema de los derechos humanos tuvo una connotación de élite donde generalmente se hacían alusiones a organismos internacionales y eso lo alejaba del ciudadano, pero los derechos humanos están en hechos cotidianos, y cuando se comprende la situación del estado Bolívar es evidente la deuda en la garantía y resguardo de los derechos a las comunidades indígenas, en el vacío para atender de manera idónea a las víctimas de la violencia de género, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, comunidades enteras que por años no han recibido agua potable y se abastecen de ríos contaminados, el funcionamiento de empresas irregulares, el vacío existente en el rol de los organismos de seguridad del Estado, todo eso hace innegable hablar de violación de derechos humanos, pues el Estado viola derechos por acción, por omisión y por complicidad. Pero luego cuando se ven las acciones que cometen funcionarios públicos se entiende que sí hay crímenes de lesa humanidad. El estado Bolívar es donde son más evidentes todas las formas de trasgresión, basta con transitar las carreteras e ir a las comunidades para verlo a simple vista, antes ocurrían en sitios alejados, ahora está a simple vista la manera inusitada y desproporcionada del desbordamiento de las actividades que conllevan a estas violaciones.
¿Cómo desarrollan el trabajo para identificar las situaciones y a las víctimas en las zonas mineras?
Hay un grupo trabajando, pero por la temática no es tan sencillo que las personas accedan a dar información. Yo viajo a los municipios del estado para conocer de primera mano cuáles son las situaciones que se presentan porque la minería y otras situaciones conexas son un secreto a voces en el país, todo el mundo habla de Bolívar, de la minería, de la explotación, del impacto medioambiental, etcétera, pero muy pocas personas tienen la posibilidad de verificar, de poner nombre y rostro a esas situaciones; entonces, como valor agregado hemos trabajado en precisar, en caracterizar quiénes son esas víctimas, cuál es su contexto, cuáles son los victimarios, el origen de la situación, etcétera, por pequeñas o grandes que puedan ser las muestras; por ello tratamos siempre de ir a campo, no son investigaciones documentales, sino de campo. Entrevistamos a actores claves; es decir, personas que de alguna manera o en alguna de las variables tuvieron contacto, tienen vivencias, tienen conocidos, tienen referencias de situaciones reales, de situaciones comprobadas, verificables, que nos puedan servir. En algunos casos hemos tenido acceso a personas que han sido víctimas, conscientes de que lo son, o personas que descubrimos que están inmersas en un contexto de vulneración de sus derechos, que son las que nos han permitido establecer esa caracterización que describimos en los informes.
¿Cómo se dio la contribución del CDH-UCAB al tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y cómo reciben las menciones que allí se hacen al trabajo que realizan?
Esa contribución se dio por los informes que hemos publicado, quizá por su alcance, pues visibilizan de manera mucho más específica las situaciones; es decir, no es que se menciona que hay explotación sexual en Bolívar, sino que se contabilizamos más de 3.500 mujeres en condición de movilidad hacia las minas y que estaban siendo vulneradas en algunos de sus derechos, eso le cambió el contexto a la información. A raíz de eso, ellos (la Misión) se acercan a nosotros, más aún porque en el país no hay portales oficiales para contrastar la información. Y aunque es un riesgo que a veces las cifras suelen producir cierto escepticismo, siempre aclaramos que los datos en los informes son verificados y que no se corresponden con la totalidad, sino con el alcance que hemos podido tener como investigadores, pero de los cuales tenemos respaldo. Entonces, como la Misión no puede tener acceso a terreno (el gobierno no le ha dado autorización) de alguna manera nosotros representamos para ellos la fuente que sí ha podido comprobar o verificar estas situaciones. Nos pidieron permiso para usar nuestra información y tuvimos conversaciones sobre los detalles para obtener esa data.
El hecho que citen nuestro trabajo nos agrada pues aunque la información ya era pública esto nos permite tener un alcance mayor porque quizás los informes resultaron interesantes a lo interno, pero cuando vemos el impacto que este informe está teniendo en el plano internacional eso nos hace comprender que sí es muy importante seguir investigando y hablando sobre estos datos. Hemos descubierto situaciones dolorosas como, por ejemplo, que hace dos años e incluso hace seis meses cuando estábamos levantando esta información había personas que cuestionaban este tipo de actividades irregulares e ilegales en la zona minera, que se asombraban y alarmaban, pero ahora hay una tendencia a la justificación y a la naturalización de estas situaciones, ya no lo ven como algo para denunciar, como algo que los afecte. Situaciones como el control que ejercen los grupos armados irregulares que son, como se menciona en el informe, parte de la estructura de control y promoción que genera migraciones de una determinada comunidad, ahora son vistos como aliados mientras se cumplan las normas que ellos imponen, pues las personas confían más en ellos que en los órganos de seguridad del Estado. Eso cambia totalmente la dinámica social, pues ciertas normas ya no dependen de las instituciones establecidas, sino de la anuencia de personas que ilegalmente ejercen control y dominación. Eso obliga a reestructurar la manera como se aborda la temática.
¿Considera que la situación de los derechos humanos en la zona minera desde 2018, cuando comenzaron sus investigaciones, hasta la actualidad ha variado en algo?
Ahora hay una naturalización de situaciones que constituyen delitos. Por ejemplo, nos hemos encontrado con casos de niños y niñas de 7, 8 y 9 años que son víctimas de explotación sexual cuando hace dos años la edad de inicio eran los 12 años, ahora esa edad ha bajado considerablemente y hay niñas y niños con hombres adultos por montos irrisorios, y no es que haya montos que justifiquen este hecho, para nada, pero es dantesco ver que por 60, 70, 80 bolívares hay un encuentro sexual con una niña en algunos casos ante la mirada indiferente de una colectividad a la que se le escapa de control la situación por un tema de supervivencia, familias pobres para las que esos 50 y 60 bolívares son la posibilidad de una entrada de dinero. En pocos meses hay una distorsión de prioridades ante la necesidad.
¿Las víctimas de estas graves situaciones son niñas y niños de comunidades indígenas?
Indígenas y no indígenas también, aún con sus variables se dan situaciones similares. Hemos documentado situaciones de pueblos indígenas que han sido víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzado porque en sus tierras, en su espacio y su hábitat se instalan grupos armados irregulares y en esos casos también se da el abuso y la explotación de mujeres y niñas, pero no es algo que solo afecte a comunidades indígenas, es algo que, como decía antes, afecta a cualquier persona, al estudiante que se paga la universidad con trabajos eventuales en los pueblos mineros, a la vecina o compañera que no sabe que está en condición de explotación laboral. También, por ejemplo, se dan los matrimonios tempranos en poblaciones no indígenas, padres que prefieren que sus hijas jóvenes estén con señores que trabajan y les den un techo en vez de que estén con muchachos de su edad. De allí también la necesidad de mostrar esa realidad de poblaciones afectadas en estos informes para ir gestando planes educativos de sensibilización y mitigación adecuados a las necesidades.
Teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones en las zonas mineras ocurren con conocimiento, y en ocasiones con connivencia, del Estado, ¿qué recomendaciones harían desde el Centro para frenar las violaciones y mitigar las necesidades y el dolor de las poblaciones afectadas?
Las recomendaciones del informe de la Misión son absolutamente pertinentes; sin embargo, como academia partimos de la educación como soporte fundamental para todo, es una educación que va desde que las personas emprendan actividades con la conciencia cierta de lo que implica, no se trata de persuasión ni de disuasión, sino de que comprendan los riesgos de tomar una opción para trasladarse a una mina, lo que implica aceptar un trabajo del que se supo por las redes sociales sin haber comprobado las fuentes y de lo que se trata, que puedan comprender las características de una oferta laboral engañosa, etcétera. Pero también sugerir al Estado la formación de sus funcionarios, nos hemos conseguido con funcionarios que no saben hacer la distinción entre delitos, desconocen la diferencia entre trata y tráfico, por ejemplo, o un delito sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia que podría implicar un tema de delincuencia organizada. Sensibilizar a los funcionarios de que el tratamiento de estos casos debe tener un enfoque centrado en la víctima para evitar la revictimización; es decir, consolidar esas bases en función de la preparación y la competencia de los funcionarios del Estado. //
De: @CrisisEnVzla
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