“El Estado venezolano, el Ministerio Público particularmente, ha dado ejemplo no solo a nivel local, sino a nivel regional. Hemos sido un ejemplo en el hemisferio occidental de cómo un país, a través de sus instituciones, de manera objetiva, independiente e imparcial puede investigar y sancionar a agentes del Estado que lamentablemente violen el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, dijo en una declaración transmitida por VTV, intentando minimizar una vez más las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
En medio de la investigación de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU, Saab insistió en que no es necesaria la actuación de tribunales extranjeros en Venezuela, a los que tildó de “coloniaje jurídico internacional”.
Indicó que el despacho que dirige ha imputado a 1.463 personas a partir de agosto de 2017 por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, del total de imputados, menos del 20% de los funcionarios han sido condenados por la Justicia.
“Este año hemos logrado condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles para un total de 83. En total, los condenados desde 2017 alcanzan un total de 358, de los cuales 261 eran funcionarios. Son cifras que hablan por sí mismas”, precisó Saab.
El fiscal chavista indicó que en lo que va de año han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por violaciones a los derechos humanos, y que desde 2017 la cifras de privados de libertad alcanza los 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808.
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