Aunque se presume que la cifra es mucho más elevada, 26 personas desaparecidas en las distintas minas del estado Bolívar ha contabilizado FundaRedes desde el 2019, según su más recientemente investigación: «Venezolanos víctimas de desaparición forzada en minas de estado bolívar son invisibles para el estado venezolano».
El informe revela que de esas 26 personas 18 desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca unos 24.383 kilómetros cuadrados que albergan una gran cantidad de minas y donde además se han documentado reiterados hechos violentos “propiciados por grupos armados irregulares: guerrilla de origen colombiano, los autodenominados “sindicatos”, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos por funcionarios militares o policiales”.
Para la organización defensora de derechos humanos lo que ocurre en las minas no solo del estado Bolívar sino también en Amazonas y Delta Amacuro, en relación con las desapariciones forzadas de ciudadanos que se han trasladado hasta las zonas mineras, provenientes de distintas partes del país en busca de mejores condiciones de vida, debe ser investigado por el Estado venezolano.
Asegura que cada día se afianza la presencia de grupos armados irregulares en esas entidades que promueven la creación de un territorio sin ley, “donde en ocasiones las autoridades actúan como cómplices silentes y activos”.
El estudio hace referencia al tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que documentó la actuación de estas agrupaciones armadas al margen de la ley en el Arco Minero del Orinoco, y la responsabilidad del Estado venezolano en los crímenes que allí se cometen al no garantizar el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desproteger a los pueblos indígenas.
En este sentido, FundaRedes afirma que desde que los grupos armados irregulares penetraron en el Arco Minero del Orinoco los homicidios, las desapariciones forzadas de personas y la esclavitud moderna se han convertido en la cotidianidad de una población mayoritariamente indígena.
Los municipios – reseña el trabajo de documentación – donde se han registrado mayor número de denuncias de personas víctimas de desaparición forzada son: El Callao y Sucre, además de Sifontes, en el estado Bolívar y el municipio Atabapo de Amazonas, donde está ubicado el Parque Nacional Cerro Yapacana, “que siendo reservorio de fauna silvestre y protegido por leyes ambientales, concentra una gran cantidad de minas ilegales que destruyen este pulmón vegetal y la fauna en peligro de extinción”.
“Estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Lamentablemente – reitera la ONG- el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un territorio sin ley donde operan los intereses económicos y políticos de grupos armados irregulares, militares y policiales que han desatado una guerra contra la población indefensa, esclavizando a civiles, de manera especial a indígenas, y explotando la tierra de una manera indiscriminada y en progresiva y continua violación de los derechos humanos en este territorio.
/Nota de Prensa
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