Autoridades educativas prohibieron que las organizaciones sindicales estuvieran presentes en la reunión realizada este 13 de abril, en la cual coaccionaron a los educadores para firmar un compromiso que les prohíbe ser partícipes de las protestas por reclamos laborales.
Este 13 de abril, 120 docentes de 16 escuelas del municipio Caroní fueron citados por la Zona Educativa al Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa), ubicado en la UD-145, en San Félix, con el fin de informarles que se les abrió un proceso de averiguación administrativa inicial por abandono de cargo, esto con el fin de vulnerar su derecho a la protesta y disipar la ola de manifestaciones que han protagonizado los educadores desde principios de año.
Desde hace dos meses los maestros vienen denunciando que las autoridades educativas, en vista de que se han mantenido en las calles, están empezando a tomar acciones contra ellos, por dejar de asistir martes y jueves a las escuelas y cumplir con el llamado a asamblea y protesta convocada por los sindicatos.
Tras la reunión, donde las autoridades de la Coordinación Jurídica de la Zona Educativa prohibieron la entrada a representantes sindicales, se coaccionó a los educadores a firmar un acta de compromiso que justifica el proceso en su contra, por atender los “constantes llamados por parte de las diversas organizaciones sindicales para que comparezcan en sus asambleas permanentes convocadas desde el mes de enero hasta la presente fecha”.
Pese a que la autoridad única en Educación de Bolívar, Brizeida Quiñones, negó que se esté “botando” a los docentes, cada vez son más las medidas contra ellos, que además denuncian haber sido amenazados con despidos y suspensión de salario si siguen acumulando “faltas”.
Sin embargo, la cláusula 82 de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación garantiza el permiso para que los maestros asistan a este tipo de actividades, es decir, que estos llamados de atención vulneran los derechos laborales del gremio.
No obstante, en el documento, que no todos los docentes firmaron, se establece que “negarse a cumplir sus funciones vulnera el derecho a la educación”.
Esta línea discursiva es la misma seguida por las autoridades regionales, quienes insisten en alegar, pese a que los educadores asisten tres días a la semana a los colegios y cumplen con la planificación que se está negando el derecho a la educación a los alumnos.
El acta de compromiso fue enviada al equipo de Correo del Caroní por el profesor Elvis Monagas, secretario de Deporte, Cultura y Recreación del Sindicato Venezolano de Maestros de Caroní, y en ella se obliga al docente a alejarse de las actividades de protesta y “cumplir sus funciones a cabalidad”, además de justificar todas las faltas acumuladas.
“Nosotros no hemos abandonado nuestros trabajos”
El secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros, Julio Véliz, manifestó que “beneficios que se lograron por convención colectiva están siendo incumplidos y no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, escuchamos a funcionarios del gobierno diciendo que no van a pagar porque no hay dinero, pero nosotros vemos dinero en la calle, que daría para pagarle a los docentes si se distribuyera justamente”.
La retaliación busca amedrentar a los trabajadores con un posible despido y obligarlos a dejar de reclamar, esto sin que las autoridades hayan dado alguna respuesta a sus exigencias, tomando acciones o conversado sobre las mejoras salariales que exigen con los sindicatos.
Con respecto al “abandono de cargo”, una maestra de la Unidad Educativa Estadal Silvana de Irady con 15 años de trayectoria alegó que “abandono de cargo es no asistir nunca a la institución y no cumplir con proyectos, notas o entrega de boletas”.
“Las veces que hemos asistido a las convocatorias que se han asignado, estamos amparados por la cláusula 82. En ningún momento hemos abandonado nuestro cargo. Para ser citados se debería hacer una investigación profunda para ver quiénes son aquellos docentes que nunca han asistido, por ejemplo, quienes se han ido del país. Me llama la atención en el comunicado que nos entregaron, ya que dice que estamos violentando el derecho a la educación del niño. Nosotros respetamos que el niño tiene derecho a la educación, pero pregunto yo, ¿entienden que somos madres y padres que también tienen hijos y con 200 bolívares no alcanza para hacer un mercado? Estamos trabajando en función del gobierno. Esa es la molestia que tenemos”, arguyó la educadora.
Asimismo, tras el escándalo de corrupción revelado por la Policía Nacional Contra la Corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los afectados han insistido en que es a causa del saqueo del país y la malversación de fondos que no hay recursos para mejorar sus condiciones.
Jenny Mendoza, con 16 años de trayectoria y educadora activa en la Escuela Básica Estadal Madre María de San José, declaró para Correo del Caroní que las autoridades han incumplido con todos sus compromisos e hizo un llamado a la directiva de los planteles a sincerarse y respaldar las faltas que acumulan y que están justificadas debido al llamado a asamblea de los sindicatos, tal cual lo establece la convención colectiva.
“Dicen que somos su equipo y no lo somos. Si ellos trajeran organizado todo lo que hacemos, esto no estuviera pasando. Le hacemos un llamado al personal directivo del estado Bolívar de que hagan presencia como directores. Los beneficios que nosotros estamos luchando por adquirir también van a ser para ellos. ¿Hasta cuándo esta persecución hacia los docentes? Que son quienes hacen la planificación, los proyectos. Somos los que le tomamos la foto para que ustedes sean felices”, cerró la educadora.
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