Por José Luis Centeno S. (@jolcesal)
En la máxima instancia judicial, la corrupción no tendría coto.
La idea o percepción de la administración de justicia, en términos de corrupción, es que funcionarios judiciales interactúan o se articulan con sujetos procesales y generan ilícitos fácilmente caracterizables en su devenir.
Un abogado, contrito por verse inmerso en la “mala administración de justicia”, nos reveló detalles de corruptelas en el TSJ. Héctor Manuel Coronado Flores, Paúl José Aponte Rueda, Francia Coello González y Yanina Beatriz Karabin, todos en su condición de magistrados del TSJ, en la Sala de Casación Penal, habrían encarnado la impunidad de los abusos.
Al abogado contrito, con un buen nombre en la profesión legal, se le acerca un primo, también litigante, Julio César Pérez Gorrín, que quiere que lo represente en un caso de alto perfil. En lo que parecía un reto profesional, el primo y/o abogado asistente pronto se da cuenta de que el caso está arreglado y los prenombrados magistrados ya han decidido el resultado.
El abogado asume el rol de “brazo ejecutor”, según sus propios dichos, de encomiendas para los magistrados, dinero en efectivo, costosos obsequios, atenciones, como jugar golf o bacanales para los masculinos. Con el tiempo, en razón de los abusos presenciados por él, renuncia a la representación legal de su primo, éste, además de amenazarlo, atenta contra su integridad física.
Como cuestión del pasado, se podría calificar esta conducta corrupta, visto que los aludidos, en su mayoría, son ex magistrados. La magistrada suplente Francia Coello, de la mano de Pérez Gorrín, se empeña en reiterar que esos altos cargos se utilizan para manipular el sistema de justicia en beneficio propio, siendo ella la que más prebendas ha recibido de él.
De Francia Coello, y otra suplente, Eulalia Guerrero, calificadas de “poder a la sombra” en el máximo tribunal, por su cercanía a la magistrada Gladys Gutiérrez, un informe de Transparencia Venezuela, de fecha 26/01/2023, dice:
“Ellas son las que dan órdenes a los jueces de instancia para que dicten decisiones en un sentido u otro”.
Gracias a órdenes de ese tenor se han materializado:
a) El pase a juicio en la causa Nro. DP01-Q-2021-001, efectuado por Katerín Bello, Jueza de Control N° 2, en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Aragua, en lugar de declinar su competencia en la misma.
b) La excesiva complacencia, privilegios y prerrogativas a la supuesta víctima en la causa Nro. DP01-S-2022-002068, tramitada por Dianifer Alejandra Bello Velásquez, Jueza de Control N° 3, en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Aragua.
Francia Coello también estaría detrás de una decisión de septiembre de 2022, mediante la cual se declaró “NO HA LUGAR” el “Recurso de Revisión” tramitado en la Sala Constitucional bajo el Nro. AA50T2022000707.
Antes, el 15/10/2021, siendo ella ponente, con la decisión N° 132, bajo el expediente N° AA30-P-2021-000-098, la Sala Penal declara “INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN” incoado el 15/04/2021. Decisión que salió en tiempo record, ¡en pandemia!, con Despacho una semana flexible y la otra no, aun así la ponente fue en extremo diligente.
Todos esos casos guardan relación directa con Julio César Pérez Gorrín, en todos tomó parte el primo en defensa de sus intereses, además sirvió de enlace con los magistrados mencionados, especialmente con la hoy magistrada suplente. ¿Casualidad o corrupción continuada?
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