La ley faculta a la Contraloría a inhabilitar a funcionarios por vía administrativa, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.
«El candidato que gane las primarias será el candidato que reconocerán los venezolanos y la comunidad internacional», lanzó el martes Machado, de 55 años, que aparece favorita en las encuestas.
«Mensaje opuesto»
El tema fue punto álgido en las negociaciones entre la dictadura de Maduro y la oposición venezolana en México, en pro de acuerdos que permitiesen a los inhabilitados postularse, pero las conversaciones llevan más de seis meses congeladas sin señales de deshielo.
Las inhabilitaciones envían un «mensaje opuesto» a «elecciones libres y justas», criticó el jueves el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, recordando que la Casa Blanca ha mostrado disposición a levantar progresivamente sus sanciones contra personeros del régimen de Venezuela si hay avances hacia comicios presidenciales limpios.
Ya la primaria había recibido un golpe con la renuncia en bloque de los directivos vinculados con el chavismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El oficialista Parlamento designará nuevas autoridades: la esposa de Maduro, la diputada Cilia Flores, está en la comisión para iniciar el proceso de postulaciones.
Y en carpeta está un recurso judicial contra el proceso: Luis Ratti, empresario disidente del chavismo que aspira a postularse en 2024, lo impugnó al cuestionar la imparcialidad de los organizadores, que anunciaron una votación manual, sin apoyo técnico del CNE, tras las dimisiones.
«Todos» bajo amenaza
Diputada entre 2011 y 2014, Machado fue inhabilitada por 12 meses por la Contraloría en julio de 2015.
Ese mismo organismo notificó el viernes pasado que extendió la sanción a 15 años al vincular a la exparlamentaria con acusaciones de «corrupción» contra Juan Guaidó, opositor reconocido por Washington entre enero de 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por denuncias de «fraude» contra la reelección de Maduro en 2018.
Resaltó, a la vez, sus pedidos de intervención extranjera.
Este argumento «abre la ventana» a que «la mayoría de los precandidatos con algún tipo de posibilidad de acumular votos en las primarias puedan ser objeto de una inhabilitación», dice Eugenio Martínez, periodista y experto electoral.
«Son aplicables a todos los diputados que integraron la (opositora) Asamblea Nacional de 2015» y «a todas las personas, dirigentes políticos o no, que integraron el gobierno interino» o «apoyaron su agenda», expresa Martínez.
Igual que Estados Unidos, la Unión Europea criticó las inhabilitaciones al alegar que bloquean «derechos políticos» básicos.
«Marionetas»
Maduro justificó las inhabilitaciones con una referencia a la declaratoria de inegibilidad por ocho años contra el expresidente Jair Bolsonaro en el vecino Brasil.
«Lo inhabilitan porque él cuestionó la confiabilidad del sistema electoral brasileño en público y frente a unos embajadores. ¿Ah? Saquemos conclusiones», dijo en su programa en la televisión estatal. «Imagínense ustedes a aquellas personas que llaman a la invasión de Venezuela, a aquellas personas que llamaron a sanciones criminales contra la economía y contra la sociedad venezolana, a aquellas personas que usurpan cargos».
Martínez recordó que negociaciones paralelas a las de México permitieron postular inhabilitados a la elección de gobernadores y alcaldes de 2021, aunque destacó que «la dimensión de la presidencial de 2024 tiene otro tenor».
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