Los familiares y abogados de John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exigieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar las denuncias de torturas a las que fue sometido el joven durante su detención por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 30 de agosto.
Junto a un grupo de activistas, los familiares del estudiante reiteraron las denuncias de torturas verbalizadas durante su audiencia de presentación ante un tribunal con competencia en terrorismo, que dictó su privativa de libertad el pasado 4 de septiembre.
“Me confesó, la segunda vez que logré verlo fuera del sitio donde lo tenían, que sí lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad”, señaló su madre, Wendelin Peña.
«Si él está acá (el defensor) es para respaldar que no haya tortura contra nosotros los ciudadanos», sentenció la progenitora.
Peña pidió «a todas las madres de Venezuela» su respaldo para lograr la liberación de su hijo. «Hoy es mi hijo y mañana puede ser el de cualquiera de ustedes (…) Fue criado con muchos valores, en una familia humilde, pero que hemos dado todo para que llegue donde está. Un muchacho que estudia dos carreras universitarias».
Además, la madre de Álvarez indicó que tiene condiciones de salud delicadas, pues en años pasados perdió un testículo debido a una enfermedad y también se tuvo que someter a una operación. «Quiero pedir que el defensor haga todo lo que esté en sus manos».
Detalles de la detención
John Álvarez fue detenido arbitrariamente el pasado 30 de agosto por funcionarios de la PNB en el centro de Caracas por su supuesta vinculación en hechos conspirativos.
Al joven se le acusa de presuntamente conspirar junto a los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión, así como un dirigente vecinal de Caracas, para cometer acciones delictivas.
En su audiencia de presentación, a Álvarez se le informó que había una orden de captura en su contra desde el año pasado, pero sus abogados denunciaron que no fue presentada al momento de su detención.
Las leyes antitortura
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que cualquier funcionario que «tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas».
Los funcionarios que incumplan esto pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (artículo 24).
Incluso, el artículo 19 de la ley dicta que cualquier funcionario público que colabore de cualquier forma o encubra los delitos de tortura o tratos crueles puede ser sancionado con penas similares entre los 13 y 25 años de prisión.
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