Como consecuencia de esta situación, el 80% de la población de Upata está recibiendo agua cruda. Las fotografías revelan cómo quedó vacío el almacén de Santa Rosa después del desmantelamiento.
Los trabajadores se encuentran amedrentados y amenazados con ser despedidos y enfrentar represalias por parte de los cuerpos de seguridad si denuncian estas irregularidades. Según las fuentes, Yoel Hernández y Yosmarlis Pereira son los presuntos responsables de la trampa de los sacos de sulfato de aluminio, pero sorprendentemente, han sido premiados y ratificados en sus cargos.
Se descubrió que los sacos de sulfato de aluminio fueron sacados del almacén de Santa Rosa de manera progresiva, llevándose 50 sacos en diferentes días. Posteriormente, se desviaron para ser vendidos en gramos de oro en las minas del sur y a personas con piscinas y centros campestres en Upata.
Los trabajadores viven con el temor de que la empresa utilice el terrorismo laboral para evitar que denuncien estas irregularidades. Los inventarios de los sacos de sulfato de aluminio nunca cuadran y se amenaza a los trabajadores para que ajusten los libros de novedades. Además, se denuncia que las tolvas de cal y sulfato, llevan 5 años dañadas, pero las facturas siguen siendo pagadas a los proveedores y aún existen facturas pendientes por pagar.
Los denunciantes solicitan que la fiscalía realice una investigación seria y transparente, y que los responsables sean llevados ante la justicia. También se denuncia el robo de una tubería de 28 pulgadas, que supuestamente fue donada a las "comunidades", aunque se argumenta que una tubería de ese tamaño no es adecuada para las mismas.
Como resultado de todas estas irregularidades, el agua que se envía a Upata no recibe tratamiento para el consumo humano. Además, los trabajadores revelaron que la recaudación por el servicio de agua potable y saneamiento se realiza ahora en dólares, al cambio BCV, generando aproximadamente $1,000,00 diarios por cada oficina de Hidrobolívar en todo el estado Bolívar. Surge la interrogante sobre el destino de este dinero en dólares, mientras que los trabajadores tienen salarios bajos, beneficios mínimos, carecen de HCM y tienen pasivos laborales pendientes desde el año 2012.
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