La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y de mayoría oficialista aprobó el jueves, por unanimidad en sesión ordinaria, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
El Parlamento presidido por el dirigente oficialista Jorge Rodríguez aprobó la legislación, conformada por 39 artículos, que presentó el jefe de la fracción parlamentaria del oficialismo, Diosdado Cabello, el 24 de enero de 2023, en medio de críticas y advertencias de ONG dentro y fuera de Venezuela, así como de organismos internacionales, por lo que consideran es el carácter represivo y restrictivo de la ley.
«Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación», manifestó Rodríguez en la sesión del jueves.
La AN oficialista retomó la discusión de la ley el martes de esta semana y ese día, en sesión ordinaria, el Parlamento oficialista aprobó diferir para este jueves la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley, luego de que Cabello solicitara modificar la redacción del artículo 30 relacionado con la suspensión del funcionamiento de las ONG en casos de que alguna organización incurra en alguna prohibición de la legislación.
Antes de la aprobación de la legislación en la sesión del jueves, Cabello solicitó un derecho de palabra para proponer una modificación en el artículo 23 -que ya había sido sancionado en la sesión del martes-, para precisar varias prohibiciones con respecto al funcionamiento de las ONG tales como «recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas«, detalló el también primer vicepresidente del PSUV.
«Porque nos hemos encontrado que estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas y hechos de terrorismo en el territorio nacional. Esto serviría para ponerle freno a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley aquellos que caigan en la violación de la normativa», añadió el parlamentario oficialista.
Si bien Cabello había asomado el 20 de mayo en una rueda de prensa que la aprobación de la ley se llevaría a cabo el día siguiente, no fue así. Durante la sesión parlamentaria del día 21 de mayo Rodríguez aplazó la discusión y no fue sino hasta esta semana cuando el Parlamento retomó el debate, luego de que el gobernante Nicolás Maduro solicitara a la AN acelerar un paquete de leyes que calificó de «antifascistas».
«Hay organizaciones, como la Cruz Roja, que sirven a la gente, pero hay otras que son fachadas y financian acciones terroristas», dijo Cabello el 12 de agosto en el Consejo Nacional para la Ciberseguridad.
“Rendir cuentas”
La búsqueda del control y la fiscalización de las ONG por parte del Gobierno venezolano inició con la discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional en abril de 2021, cuando la Comisión de Política Exterior de la AN aprobó la propuesta. Desde entonces, diversas ONG como Provea y Acceso a la Justicia alertan sobre los intentos para «atacar» e «ilegalizar» a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos humanos.
Incluso, en mayo de 2022, Cabello dijo que las organizaciones deben «rendir cuentas» para que haya «justicia» y por eso el dirigente oficialista es uno de los principales impulsores de la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sancionada el jueves por la AN.
Unas 500 organizaciones no gubernamentales firmaron en mayo de 2022 un comunicado dirigido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que denunciaron que el proyecto tendría consecuencias «devastadoras» para Venezuela. Además, reiteraron que el único objetivo es «controlar y castigar a toda persona que no se sujete a su interpretación».
Perseguir para sancionar
La aprobación en primera discusión del proyecto para regular las ONG ocurrió el 24 de enero de 2023, cinco días después de que Cabello, en una transmisión de su programa televisivo Con El Mazo Dando, acusara a las ONG de recibir financiamiento de Estados Unidos y «conspirar contra el país».
El primer vicepresidente del PSUV anunció entonces que presentaría el proyecto en plenaria de la AN «para saber de dónde viene la plata» con la que, según él, las organizaciones no gubernamentales y civiles reciben financiamiento del gobierno estadounidense.
«Detrás de una ONG hay caras, partidos políticos y lo demás es una absoluta hipocresía. Si revisamos los nombres de quienes están detrás de esas fachadas llamadas ONG, viven a cuerpo de reyes, porque se la pasan viajando por el mundo», declaró Cabello en enero de 2023 en la sesión de la AN oficialista. Además, señaló que al menos 62 organizaciones operan «con fines absolutamente políticos».
En el contenido del instrumento legislativo, que hasta ese entonces estaba conformado por 17 artículos y dos disposiciones transitorias, se redactaron sanciones de entre 50 petros y 200 petros, la criptomoneda creada por el oficialismo en 2018 y cuya circulación fue suspendida en marzo de 2023. Para ese momento, las medidas restrictivas hacia las ONG podían equivaler a hasta 12.000 dólares.
Alertas internacionales
Las ONG venezolanas no son las únicas que han alzado la voz ante el contenido de la legislación. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en enero de 2023 que la propuesta limita el derecho a la asociación. A finales de ese mes, 120 instituciones nacionales aseguraron en un comunicado que el texto tiene un carácter «represivo» y «totalitario».
Tras un análisis preliminar, la misión de investigación de la ONU concluyó que, además de afectar la libertad de asociación y expresión, las limitaciones jurídicas, operativas y de financiación son una amenaza que puede derivar en la desaparición de las organizaciones.
Dos meses después, en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Maduro a no ratificar el proyecto. Este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, también había rechazado el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional en 2021. El 13 de agosto hizo nuevamente un «llamado urgente» a la AN para que se abstuviera de aprobar la propuesta.
Tras llevar a cabo la consulta pública sobre el documento en enero de 2024, la Comisión de Política Interior de la AN aprobó elevar el instrumento a una segunda discusión tres meses después. En la sesión del 4 de abril, el vicepresidente de la comisión, sin dar mayores detalles al respecto, dijo que el proyecto contenía 39 artículos, más del doble de lo que tenía cuando fue aprobada en primera discusión.
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