La canciller de Argentina, Diana Mondino, habló este martes ante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, para referirse a la situación de los derechos humanos en Venezuela, en nombre del Core Group y las naciones adheridas, a saber: Argentina; Canadá; Chile; Ecuador; Guatemala; Paraguay; Alemania; Australia; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Dinamarca; Eslovaquia; España; Estados Unidos; Estonia; Francia; Finlandia; Georgia; Irlanda; Israel; Italia; Japón; Letonia; Liechtenstein; Lituania; Luxemburgo; Malta; Montenegro; Mónaco; Nueva Zelandia; Panamá; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Reino Unido; Rumania; Suecia; Suiza; Uruguay.
Mondino transmitió la «profunda preocupación por la grave crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que se ha acentuado aún más en el año 2024 en el marco del proceso electoral reciente. Esto incluye la suspensión de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, entre otras cuestiones».
La ministra de Exteriores denunció que “en las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación de derechos humanos ha empeorado a un ritmo alarmante: detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, algunas de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas; uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y de grupos de civiles armados conocidos como ‘colectivos’; llamamientos del Estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones pacíficas; cancelación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos; así como la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia”.
Asimismo remarcó que “resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela”.
Resaltó que «bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica. Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas y adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez”.
“Instamos a Venezuela a liberar en forma incondicional e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, a poner fin a la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país, y a respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, conforme los instrumentos internacionales ratificados por ese país en la materia”, añadió.
Sobre el final de su discurso, exhortó al Estado venezolano «a reanudar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y a permitir el ingreso al país de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos”.
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