A medida que el 2025 se acerca, miles de latinoamericanos iniciarán el año como presos políticos, reflejando una grave amenaza a la democracia en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define a los presos políticos como aquellos detenidos por sus actividades políticas, opiniones u oposición a los gobiernos, en procesos frecuentemente marcados por abusos de derechos humanos y juicios arbitrarios, e incluso la falta de ellos.
Estas detenciones ilustran el uso del poder estatal para silenciar a los disidentes, comprometiendo el Estado de Derecho y restringiendo las libertades fundamentales. Países como Venezuela, Cuba y Nicaragua han intensificado la represión contra opositores, periodistas y activistas en los últimos años.
En Venezuela, la represión se recrudeció tras las elecciones de julio, consideradas fraudulentas. Miles de manifestantes pacíficos fueron detenidos, incluyendo más de 300 menores de edad. Aunque hubo algunas liberaciones recientes, más de 1.800 personas permanecen encarceladas por razones políticas.
En Cuba, el régimen autoritario ha endurecido la represión, especialmente después de las protestas inéditas de 2021. Más de 1.100 presos políticos enfrentan condiciones severas, incluyendo tortura y persecución a familiares. Mientras tanto, el exilio forzado se ha convertido en una salida para miles de cubanos.
En Nicaragua, la persecución política que comenzó en 2018 no se ha detenido. El régimen Ortega-Murillo ha promovido detenciones arbitrarias, tortura y deportaciones para eliminar a la oposición. En 2023 y 2024, 357 presos políticos fueron expulsados del país, pero aún quedan 91 enfrentando condiciones inhumanas.
Estos ejemplos muestran cómo los gobiernos autoritarios en América Latina utilizan las prisiones arbitrarias como herramienta de control. La represión a opositores, periodistas y activistas no solo compromete los derechos individuales, sino que también debilita las instituciones democráticas y amenaza el futuro político de la región.
Comentarios: