El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica, dejando al país prácticamente sin religiosas. Según informes, las pocas monjas que aún permanecían en el país recibieron un ultimátum para abandonar el territorio antes de que finalice el año 2024.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina ha denunciado que en las próximas semanas se observará "gran presencia de religiosas en los puestos migratorios, porque la dictadura les ha dado el ultimátum: 'Tienen hasta diciembre para abandonar el país'".
Además de forzar el exilio de las religiosas, el régimen sandinista ha cancelado las organizaciones sin fines de lucro vinculadas a ellas, confiscando todas sus propiedades. Según registros, desde abril de 2018 más de 250 religiosos han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio en Nicaragua.
Esta ola represiva contra la Iglesia evidencia la sistemática violación de derechos humanos en el país, así como la creciente hostilidad del régimen hacia las instituciones eclesiásticas.
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