Análisis de documentos y entrevistas con testigos presenciales demuestran que ningún ciudadano venezolano fue condenado por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989. Sin embargo, voceros del gobierno venezolano han acusado sin pruebas al presidente electo Edmundo González Urrutia y al periodista Leopoldo Castillo de estar involucrados en estos hechos.
Cuatro meses después de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que resultó vencedor Edmundo González Urrutia, siguen surgiendo narrativas en su contra por parte de funcionarios del gobierno actual. Una de estas acusaciones carentes de pruebas es la supuesta participación de González Urrutia y Leopoldo Castillo en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en El Salvador en 1989.
Según la información verificada por diversos medios de Venezuela, El Salvador, España y Colombia, no existe evidencia que vincule a Edmundo González con este hecho. De acuerdo con el testimonio del representante de la ONU en El Salvador en ese entonces, Ján Kubiš, los responsables juzgados y condenados fueron nueve militares salvadoreños, sin mencionar a ningún ciudadano venezolano.
Las acusaciones contra Castillo y González Urrutia tampoco coinciden con las fechas en las que ambos se desempeñaron como personal diplomático de Venezuela en El Salvador. Castillo fue embajador entre 1981 y 1983, mientras que González Urrutia cumplió funciones como asistente del embajador durante ese mismo período, sin estar presentes en el momento de los asesinatos.
Expertos han señalado que el origen de esta narrativa se remonta a una campaña de estigmatización en contra de Leopoldo Castillo, proveniente de medios de propaganda cubanos, que luego fue retomada por voceros oficialistas en Venezuela sin sustento alguno.
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