Después de que Khan instara a Venezuela a reactivar la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., cuyo equipo fue expulsado el pasado febrero, el Gobierno respondió que la vuelta de la misión ya se hizo efectiva el pasado noviembre, y consideró «preocupante» que el fiscal de la CPI no haya sido puesto al tanto de los avances y del «punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones».
En su discurso en la reunión anual de países-miembros de la CPI, celebrada este lunes, el fiscal Khan insistió en «la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
Presos políticos
El Gobierno, por su parte, rechaza que en el país haya «presos políticos» y asegura que los detenidos durante las protestas poselectorales tienen delitos, en su mayoría, por supuestos actos de «terrorismo».
Pese a las discrepancias, el Ejecutivo invitó al fiscal de la CPI a visitar nuevamente el país caribeño y a «seguir abordando de manera directa y constructiva los compromisos mutuamente adquiridos en el ámbito de la complementariedad positiva».
La CPI desestimó en marzo el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cuyo Gobierno había recurrido al «principio de complementariedad» -que debe evitar que se solapen investigaciones- para pedir el cierre del caso abierto en la Fiscalía del tribunal internacional.
En este sentido, Khan recordó que «la pelota está en el campo de Venezuela» y advirtió que el camino de la complementariedad se está agotando».
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