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Muertes de presos políticos en Venezuela violan "Reglas Mandela" y podrían derivar en acciones internacionales




Expertos advierten que los fallecimientos de tres opositores detenidos en los últimos meses representan violaciones graves a los derechos humanos y activarán investigaciones de la Corte Penal Internacional y la ONU.

Las muertes en la cárcel de tres presos políticos venezolanos en el último mes han generado alarma entre expertos en derechos humanos, quienes advierten que estos casos constituyen violaciones graves a las normas internacionales y podrían derivar en acciones de la justicia internacional.

Jesús Rafael Álvarez, Osgual González y Jesús Martínez Medina fallecieron bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. Según familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, los detenidos no recibieron una atención médica adecuada y murieron en condiciones deplorables.

Calixto Ávila, abogado de la ONG Provea, señaló que estas muertes violan no solo la Constitución venezolana, sino también acuerdos internacionales como las "Reglas Nelson Mandela" sobre el tratamiento de los reclusos. Destacó que los fallecimientos deben ser investigados a fondo por autoridades independientes, algo que, advirtió, es poco probable que ocurra en Venezuela debido a la parcialidad del sistema judicial.

En ese sentido, Mariano de Alba, experto en derecho internacional, indicó que ante la falta de justicia interna, estos casos podrían ser abordados por instancias como la Corte Penal Internacional, que ya investiga posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Asimismo, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU también podría incluir estos hechos en sus informes.

De Alba señaló que estas muertes bajo custodia estatal "hacen mella en la reputación del gobierno venezolano" y podrían ser utilizadas en futuros reportes y acciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha descartado las investigaciones de la Corte Penal Internacional, calificándolas de "politizadas", mientras asegura haber excarcelado a más de 500 personas tras las elecciones de julio.

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