El régimen de Daniel Ortega ha aprobado una nueva normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a reportar al Banco Central de Nicaragua (BCN) cualquier transacción de los usuarios nicaragüenses que supere los $1,000.
La medida, argumentada bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas, es vista por críticos como una escalada del control estatal que expone a empresas y ciudadanos a una mayor vigilancia y posible acoso.
Cada transacción de más de $1,000 deberá ser notificada, incluyendo detalles como la identidad de la persona que la realiza y el beneficiario final. Además, los PSAV deberán revisar exhaustivamente las direcciones IP utilizadas, ampliando la capacidad de rastreo del régimen.
Esto representa un riesgo para las remesas familiares, pilar fundamental de la economía nicaragüense, que podrían enfrentar retrasos o bloqueos bajo el pretexto de "monitoreo" contra el lavado de dinero.
Expertos advierten que estas normativas dan al gobierno amplias facultades para investigar y sancionar arbitrariamente a cualquier persona u organización percibida como opositora, consolidando un panorama cada vez más restrictivo y centralizado en Nicaragua.
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