A pesar de las denuncias de fraude electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado como ganador. Expertos constitucionalistas señalan que esta decisión del máximo tribunal judicial demuestra la falta de independencia y parcialidad del TSJ a favor del gobierno chavista.
En medio de denuncias sobre fraude electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó el supuesto triunfo fraudulento de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según expertos en derecho constitucional, esta decisión del máximo tribunal judicial demuestra la falta de independencia y la parcialidad del TSJ hacia el gobierno chavista. "El TSJ le quedó debiendo a los venezolanos la administración de justicia en su nombre", afirmó el constitucionalista Nelson Chitty La Roche.
El TSJ, cuya cúpula está conformada por magistrados afines al partido de gobierno, PSUV, asumió competencias que corresponden al Consejo Nacional Electoral (CNE) y convalidó el supuesto triunfo fraudulento de Maduro, sin que se mostraran las actas de escrutinio como pruebas.
Además, el TSJ inhabilitó a figuras opositoras como María Corina Machado y Henrique Capriles para participar en los comicios, y sancionó a la abogada María Alejandra Díaz por intentar impugnar los resultados electorales.
Para el constitucionalista Oscar Arnal, el TSJ "incumplió con su papel de árbitro imparcial y tomó partido una y otra vez, despejando toda duda de la falta de autonomía, separación e independencia de poderes" en Venezuela.
Expertos señalan que con estas acciones, el TSJ ha contribuido a consolidar un "gobierno de facto" en Venezuela, al desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
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