Un grupo de contratistas militares, entre los que se encuentra el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, presentó a la Casa Blanca de Donald Trump una propuesta que contempla la ejecución de deportaciones masivas mediante la instalación de «centros de procesamiento» en bases militares, el despliegue de una flota privada de 100 aeronaves y la conformación de un «pequeño ejército» de ciudadanos autorizados para realizar arrestos.
El plan, detallado en un documento de 26 páginas que los asesores de Trump recibieron antes de su toma de posesión, estima un costo de 25.000 millones de dólares y propone una serie de medidas agresivas con el objetivo de deportar a 12 millones de personas —incluyendo venezolanos— antes de las elecciones legislativas de 2026. No obstante, algunas de estas tácticas podrían enfrentar obstáculos legales y operativos, según una copia del informe obtenida por Politico.
El equipo que impulsa la propuesta está liderado por Prince, quien mantiene una estrecha relación con Trump; y Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater, una firma conocida por su labor en seguridad, entrenamiento y logística para las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán durante la llamada guerra contra el terrorismo. En el grupo también figuran antiguos funcionarios de inmigración.
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