En un reciente discurso, Nicolás Maduro hizo un llamado a la ONU para que se interceda en favor de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador, quienes, según él, han sido víctimas de desaparición forzada. Este reclamo surge tras la deportación de 238 migrantes, acusados de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua, un argumento que ha sido cuestionado por la falta de transparencia en los procesos de deportación y la ausencia de órdenes de expulsión.
Los funcionarios chavistas han señalado la violación del debido proceso y del derecho a la defensa en estos casos, un reclamo que es apoyado por defensores de derechos humanos. Sin embargo, expertos como Joel García han resaltado la necesidad de que el gobierno revisite sus propias prácticas, ya que en Venezuela también se cometen violaciones a estos derechos fundamentales. García advirtió que la desaparición forzada se ha convertido en una política de Estado, afectando a numerosos presos políticos.
Marino Alvarado, otro defensor de derechos humanos, subrayó que el gobierno no solo debe abogar por los derechos de los venezolanos en el extranjero, sino que también debe rendir cuentas por los abusos cometidos dentro del país. A pesar de las críticas, Maduro y su administración continúan utilizando estos casos con fines políticos, mientras que organizaciones internacionales siguen documentando patrones de represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
La contradicción entre el discurso del gobierno y la realidad en el país ha generado escepticismo en torno a la genuina preocupación por los derechos de los venezolanos, lo que indica que estas acciones podrían estar motivadas por intereses políticos más que por un compromiso real con la justicia y los derechos humanos.
📝Con información de CazaDoresFakenews.info
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