Las penas para el reingreso ilegal varían. Según las normas, aquellos que no tienen antecedentes penales graves podrían enfrentar hasta dos años de cárcel. Sin embargo, aquellos deportados por delitos graves se enfrentan a condenas que pueden llegar hasta 10 años. En situaciones más severas, donde hay delitos agravantes involucrados, las penas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión. Estos procesos son gestionados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para frenar el reingreso ilegal, estableciendo operativos más rigurosos en la frontera y lanzando campañas informativas. Este enfoque no solo busca disuadir a aquellos que intentan volver tras una deportación, sino también fortalecer la seguridad en las fronteras. Además, el proceso de deportación incluye audiencias en tribunales migratorios, donde un juez decide si la deportación procederá, y aunque algunos pueden optar por una salida voluntaria, esto no elimina las restricciones para un futuro reingreso a EE.UU.
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